La nueva Ley Nº 32490 pretende frenar la extorsión y el sicariato que asfixian al transporte público y privado. Pero vale la pena hacer la pregunta incómoda que nadie formula: ¿para qué sirve esta ley si todo lo que exige depende de un Estado incapaz de cumplir lo básico? Es el viejo truco estatista: aprobar normas sin construir las instituciones que las hagan posibles.

El problema es evidente. La ley requiere una Policía reformada, un Ministerio Público eficiente, un Poder Judicial rápido y un sistema penitenciario mínimamente funcional. Nada de eso existe. Y nada de eso se menciona. Se legisla como si las organizaciones que deben hacer cumplir la norma no estuvieran completamente colapsadas. Una ley, sin instituciones que la sostengan, es tinta muerta.

Los extorsionadores han progresado no porque falten leyes —tipificaciones sobran— sino porque el Estado es un monumento al desgobierno. Se enfrentan mafias organizadas con un aparato público desordenado, politizado e infiltrado. ¿Resultado? La ley nace incompleta y, por tanto, condenada al fracaso.

Se celebra la idea de mapas satelitales, protocolos bancarios y respuestas rápidas. Suena moderno. Pero es una modernidad sin columna vertebral. No hay policía profesional, no hay fiscales autónomos, no hay jueces que sentencien sin miedo. Es como instalar alarmas en una casa sin puertas.

La ley promete orden donde reina la anarquía creada por el propio Estado. Promete planificación en un sistema de transporte que lleva décadas sometido a la corrupción municipal y al caos regulatorio. Promete seguridad en un país donde la autoridad es apenas decorativa.

La verdad es incómoda, pero simple: la ley no garantiza nada. El cumplimiento depende de instituciones que hoy no pueden ni quieren cumplir. Por eso, si no se aplican las cinco reformas liberales —política, económica, educativa, judicial y de seguridad— cualquier norma será solo un paliativo para tranquilizar titulares.

Sin reformas profundas, esta ley será otra pieza del museo nacional de ilusiones legislativas.

Escrito por José Luis Tapia Rocha, economista y Presidente de 5R