Hay empresas que fracasan. Y hay empresas que fracasan y arrastran a todo un país. Petroperú pertenece al segundo grupo. Insistir en “mantenerla” no es una política pública: es una superstición cara.

El presidente del Consejo de Ministros ha sido claro: la reorganización no conduce a la privatización. Traducido al castellano: el Estado seguirá aferrado a su chatarra. No porque funcione. No porque sea estratégica. Sino por cobardía. Cobardía intelectual para reconocer el error. Cobardía política para asumir el costo de corregirlo.

Decir que Petroperú “no es atractiva para el capital privado” es admitir su quiebra moral y económica. Pero usar ese diagnóstico para justificar su permanencia estatal es un salto lógico digno del estatismo más rancio. Precisamente porque es ineficiente, politizada e insolvente, debe venderse. Toda. Sin parches. Sin “soluciones intermedias”. Sin ingeniería burocrática.

La idea de dividir Petroperú en unidades, evaluar una por una, asociar algunas, liquidar otras y reforzar las restantes bajo “mejor gestión pública” es el viejo cuento reformista que nunca reforma nada. Es la antesala de nuevos rescates, nuevos déficits y nuevos discursos técnicos para seguir socializando pérdidas.

Lo mejor que le puede ocurrir a Petroperú —y al Perú— es una privatización completa, con accionariado difundido entre los peruanos mayores de 18 años. No para “regalarla”, sino para devolverle a la ciudadanía lo que el Estado ha destruido con décadas de mala gestión. Propiedad real, no discursos patrióticos vacíos.

Los trabajadores no necesitan promesas estatales; necesitan una empresa viable. Los proveedores no necesitan decretos; necesitan pagos. Y los contribuyentes no necesitan más excusas; necesitan que dejen de meterles la mano al bolsillo para sostener un símbolo ideológico fallido.

Mantener Petroperú no es valentía. Es negación. Venderla no es traición. Es responsabilidad.
Todo lo demás es miedo disfrazado de tecnocracia.

Escrito por José Luis Tapia Rocha, economista y Presidente de 5R