Indecopi vuelve a demostrar que no es un defensor de la competencia, sino un aparato policial con licencia para irrumpir en la vida privada de empresas formales. Una operación de “fiscalización” terminó en un ingreso irregular a computadoras, mensajes y archivos, como si se tratara de una red de secuestradores o extorsionadores. Un lacrado propio de investigaciones criminales aplicado, esta vez, no a delincuentes, sino a negocios que sobreviven en un ecosistema normativo tóxico creado por el propio Estado.

Aquí no hablamos de mafias callejeras. Hablamos de un Frankenstein legal que el mismo Estado parió: licitaciones públicas, compras masivas, precios “referenciales”, controles, requisitos absurdos y un mercado artificial donde todos compiten por un cliente único y caprichoso: el Gobierno. ¿Y ahora se escandalizan por colusión? Bastiat estaría muerto de risa.

Peor aún: la sanción no es por estafar consumidores. Es por hacer negocios con el Estado. Un Estado que jamás debió comprar medicinas porque nunca debió asumir el rol de médico. La salud es un servicio privado. El gobierno no está diseñado para comprar antibióticos ni antineoplásicos; está diseñado para proteger derechos: vida, libertad, propiedad. Nada más. Cuando se sale de ese marco, crea monstruos.

El caso exhibe la incoherencia perfecta: el Estado arma un mercado artificial, obliga a competir bajo reglas perversas y luego criminaliza a quienes participan del juego que él mismo impuso. Después aparece Indecopi, disfrazado de defensor del consumidor, desplegando tácticas de inteligencia, allanamientos encubiertos y lenguaje de guerra. Más Gestapo que regulador.

En vez de eliminar las licitaciones estatales y permitir que los hospitales sean independientes, con compras libres y privadas, prefieren ampliar la burocracia y exhibir un castigo millonario como trofeo político.

La solución es otra. Separar al Estado de la economía. Sacarlo del negocio de medicamentos. Y, sobre todo, cerrar Indecopi y toda autoridad que crea que la libertad empresarial se controla a punta de lacrados.

Porque un país no progresa cuando sus reguladores juegan a ser policías. Progresa cuando sus autoridades dejan de estorbar.

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Escrito por José Luis Tapia Rocha, economista y Presidente de 5R