por José Luis Tapia Rocha, economista y Presidente de 5R

Más de S/ 1,800 millones en agua no facturada. Esa es la cifra de la Sunass. No es una estadística técnica, es una confesión política: el Estado peruano ni siquiera sabe cobrar por el agua que produce. ¿Y aún insisten en que administre empresas, hospitales o colegios?

El 38.5 % del agua producida se pierde entre fugas, redes viejas, medidores manipulados y gerencias estatales sin mérito ni responsabilidad. Tumbes, Piura y Loreto encabezan el ranking del despilfarro. No sorprende. Son regiones donde el clientelismo gobierna las EPS como botines municipales.

Por eso hay que decirlo con claridad: urge privatizar las EPS, y hacerlo dentro del marco de las cinco reformas liberales, para que no se repita el error de los monopolios “privados” protegidos por el Estado. Privatizar no es vender al mejor postor, es liberar el mercado para que compita, invierta y rinda cuentas.

Cuando el ingreso de las familias crece —porque se liberaliza el empleo, se reducen los impuestos y se abre la economía— el precio real de los servicios públicos deja de ser una carga. Solo así puede sostenerse una tarifa justa y una empresa eficiente. De lo contrario, la “tarifa social” será solo otro nombre para el subsidio político.

El riesgo político es que se use este escándalo para pedir más control estatal o más subsidios. El riesgo económico es que el Estado siga drenando recursos públicos para mantener empresas quebradas. Pero la oportunidad estratégica está en abrir la competencia: concesiones, asociaciones, inversión privada y meritocracia en gestión.

El Perú no necesita más agua gratis. Necesita más libertad. Si no se privatiza el agua, la paz y las empresas públicas, se seguirá evaporando el dinero, la confianza y el futuro. El Estado no da agua: la desperdicia. El mercado la cuida porque la valora. hashtag#sedapal hashtag#eps hashtag#agua