por José Luis Tapia Rocha, economista y Presidente de 5R

Cuando el Estado se olvida de su deber esencial —proteger la vida, la libertad y la propiedad—, el vacío no queda en silencio. Lo ocupa el crimen. Lo llenan los extorsionadores, los sicarios, los cobradores de cupos. No es el “mercado” el que domina: son las mafias las que gobiernan en las sombras cuando el Estado se dedica a todo menos a lo que le corresponde.

El caso del clan familiar “Perú Unidos”, que extorsionaba a transportistas y amasó casi dos millones de soles, no es un hecho aislado: es el síntoma de un Estado distraído, debilitado y confundido por su propio estatismo. Mientras los burócratas hablan de “reformas educativas”, “ministerios del deporte” o “nuevos programas sociales”, los delincuentes organizan su propio sistema de recaudación con métodos mucho más efectivos: la coacción y el miedo.

El estatismo ha deformado la naturaleza del Estado. Lo ha convertido en un monstruo disperso que gasta millones en funciones no esenciales, dejando sin recursos ni inteligencia a las instituciones que realmente sostienen el orden: la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y la infraestructura de seguridad. El resultado es predecible: zonas liberadas, justicia colapsada y ciudadanos indefensos.

Sin una reforma política profunda, seguiremos avanzando hacia la desinstitucionalización total, el mismo camino que llevó a Haití al abismo. Cuando el Estado deja de ser garante de la ley y se convierte en un competidor ineficiente en educación, salud o deporte, destruye su propia autoridad moral.

El liberalismo clásico lo advirtió hace siglos: el Estado debe ser fuerte donde importa y ausente donde estorba. La seguridad no se privatiza ni se improvisa. O recuperamos la función esencial del Estado —proteger al ciudadano del crimen— o terminaremos viviendo bajo las reglas de las mafias, no de la Constitución.

Porque cuando el Estado se distrae, el crimen legisla. hashtag#callao hashtag#inseguridadciudadana hashtag#policia