por José Luis Tapia Rocha, economista y Presidente de 5R

La CONFIEP vuelve a equivocarse. Habla de “lucha contra la minería ilegal”, pero jamás menciona la causa real del problema: el artículo 66 de la Constitución, que priva a los peruanos del derecho de propiedad sobre los recursos naturales bajo sus pies. Esa prohibición convierte en “ilegales” a quienes simplemente quieren trabajar y producir riqueza. No hay libertad de mercado donde el Estado se declara dueño de todo.

El resultado es predecible: violencia, contrabando y crimen organizado. Cuando no se reconoce el derecho de propiedad, lo que surge no es la legalidad, sino la arbitrariedad. Miles de mineros artesanales son tratados como delincuentes no porque destruyan, sino porque operan sin permiso en un régimen que criminaliza la producción sin licencias.

Confiep se alarma por la minería ilegal, pero calla frente al monopolio estatal del subsuelo. Y la CONFIEP —esa institución que debería promover la libertad económica— prefiere la regulación al derecho, la prohibición al mercado. En vez de revisar las causas de la “ilegalidad”, perpetúa un sistema donde el Estado es dueño, el burócrata decide y el ciudadano obedece.

China comprendió hace décadas que sin propiedad no hay prosperidad. Por eso creó zonas económicas especiales con reglas distintas, más libres, más abiertas. Nosotros seguimos creyendo que la libertad contamina. Y así seguimos pobres.

Legalizar no significa perdonar delitos ambientales, sino reconocer derechos y poner orden. Solo un marco de propiedad segura y un Poder Judicial eficiente pueden acabar con la violencia minera. Ningún decreto lo hará.

Mientras no realicemos las cinco reformas —política, económica, judicial, educativa y de salud— la minería seguirá siendo tierra de nadie. El verdadero crimen no es excavar sin permiso, sino impedir que el peruano sea dueño de lo que la naturaleza le concedió. La CONFIEP, al ignorarlo, se vuelve parte del problema. hashtag#confiep hashtag#mineria hashtag#mineriailegal hashtag#reinfo