Otra vez la CGTP exige subir el sueldo mínimo. No sorprende: su negocio es vivir del mito de que el Estado puede mejorar la vida de la gente dictando precios. Pero cuando el gobierno fija el precio del trabajo, lo que produce no es justicia social, sino desempleo.

¿Quién pierde? Los jóvenes. Los que salen del colegio buscando su primera oportunidad. Si la ley obliga a pagar más de lo que su productividad inicial vale, simplemente no serán contratados. No por maldad del empresario, sino por matemática económica.

El aumento del sueldo mínimo no afecta a las grandes empresas, que trasladan el sobrecosto a sus precios. Quienes caen son las micro y pequeñas, que no pueden absorber el golpe. O cierran, o despiden, o se van al lado oscuro de la informalidad. Todo por un decreto redactado desde un escritorio ministerial que jamás ha pagado una planilla real.

Pero hay algo más grave: el gobierno viola abiertamente el artículo 58 de la Constitución, que garantiza la libertad de iniciativa privada. Si el Estado decide cuánto vale el trabajo, entonces el mercado laboral ya no es libre. ¿Para qué sirve el artículo 58 si el salario lo dicta el ministro?

El riesgo estratégico para las empresas es evidente: más costos, más rigidez y menos competitividad. Y el riesgo para el país es mayor: seguimos premiando la demagogia sindical y castigando la producción formal.

El resultado final es el de siempre: el trabajador al que se dice “proteger” termina pagando la factura. Su sueldo sube en el papel, pero su poder de compra cae en el mercado. Los precios se ajustan, el empleo desaparece y la economía se estanca. Un clásico del intervencionismo peruano: prometer prosperidad… fabricando pobreza. hashtag#sueldominimo hashtag#ministeriodetrabajo hashtag#mtpe hashtag#desempleo hashtag#juventud hashtag#costos hashtag#preciosaltos